En la temporada seca de 2020 una oleada de incendios forestales azotó el país, causando la alarma en pleno confinamiento por el Covid-19. La propia capital de la república fue golpeada por fuegos incontrolables poniendo en riesgo zonas productoras de agua y contaminando el ambiente de forma espantosa. Varias instituciones públicas y organizaciones privadas combatían con denuedo los fuegos pero con resultados poco esperanzadores dado la fortaleza de estos, así como la escasez de agua y la aparente falta de coordinación interinstitucional.
Una visión retrospectiva permite ver que la quema de bosques tiene un origen histórico pero las circunstancias propias del contexto actual agravan la situación. Estas son las conclusiones de un artículo que tiene el objetivo de llamar la atención sobre la problemática de los incendios forestales en Honduras, enlazando aptitudes de diferentes actores que, al menos en los últimos cien años, han tenido en sus manos la posibilidad de que el país se desarrollara con la adecuada gestión de sus recursos forestales, pero que cada año permitieron que se deteriorara o perdiera ese recurso por los incendios forestales y la tala de bosques, como grandes causas. Una dinámica legal que data de 1955 cuando se emitió la primera Ley Forestal, hasta la vigente ley de ese sector aprobada en 2007, ha sembrado esperanzas, dudas y desencantos entre las personas e instituciones que por medio de la obtención de beneficios del bosque pudieran adquirir conciencia suficiente como para invertir en su conservación, provocando más bien los aprovechamientos ilegales que solo sembraron pobreza en las áreas forestales.
De forma sucesiva, la administración de los bosques del país pasó de una secretaría de Estado a un ente descentralizado, hasta el actual órgano desconcentrado de la Presidencia de la República. De igual forma, la cabeza visible de la Administración Forestal del Estado pasó de profesionales sin formación en la materia, administradores de empresas, etc., hasta la actual gestión de profesionales forestales.
Pero las grandes causas de la deforestación, en especial los incendios forestales y la tala se han mantenido constantes. Hasta cuatro instituciones públicas tienen hoy la responsabilidad del control de los incendios en los bosques, cada una con su propio presupuesto y diferentes niveles de competencias legales y capacidades técnicas, a las cuales se suma una larga lista de entidades públicas y privadas aglomerados en lo que se denomina Comité Nacional de Protección Forestal (Conaproforh). Sin embargo, el número de incendios y área quemada va en ascenso.
Al 28 de mayo de 2020, el Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) reportaba que 971 incendios habían consumido 78,613 hectáreas de bosque y muchos más posiblemente no fueron cuantificados. Al parecer, de poco ha servido contar con herramientas y equipo tecnológico que permitiría una mejor realización de actividades de prevención y control de incendios. Aparentemente se han descartado instrumentos de prevención que antes demostraron ser efectivos, por ejemplo, las quemas controladas o los permisos para roza y quema que eliminaban combustible de los bosques; igual la prevención con base en una extensión y capacitación forestal sistemática a nivel de campo y la participación de las comunidades en el usufructo de los bienes y servicios que provee el bosque. ¿Quiénes son los responsables de los incendios? es una preguntas que se hace la población.
La tendencia es responsabilizar a los dueños de propiedad por la quema de los bosques en sus tierras y legalmente es así. Sin embargo, esta conclusión tan simple se aleja de una verdad esgrimida por los propietarios y usuarios de áreas forestales, y reconocida por las mismas instituciones del Estado: los beneficios que ofrece la ley por hacer un manejo adecuado de los bosques solo existe en papel; son borrados por una tramitología centralizada, excesiva y abúlica. Pero, si hay responsables: ¿Por qué no se castigan? Todo indica que hay una debilidad en la institución forestal estatal para sancionar las quemas que la legislación señala como faltas administrativas; mientras que la quema de bosques, tipificada como delito en el Código Penal y en la legislación forestal, pocas veces se judicializa porque el Sistema de Justicia cuenta con pocos recursos, capacitación y logística para atender este tipo de delitos.
Como resultado, casi todos los causantes materiales y los autores intelectuales de los incendios de bosques quedan en la impunidad. La otra cara de la moneda está en los incentivos que tienen los propietarios o usufructuarios de áreas forestales que servirían como estímulo para evitar los incendios.
Estos resienten que mientras para otras actividades el gobierno facilita las cosas, cuando se trata de hacer manejo forestal solo son trabas. Un plan de manejo requiere de innumerables y costosos trámites y si se consigue, al trabajador del bosque lo miran como delincuente. Por eso muchos optan por dedicar su tierra a actividades menos complicadas, aunque ello signifique sacrificar el bosque.
Dado lo anterior, es importante que se reconozca el valor de los bienes y servicios forestales, ya que su pérdida, por incendios u otra causa, produce una reducción drástica de las fuentes de agua y de la capacidad productiva en el sector agroalimentario. Este reconocimiento debe conducir a fortalecer la institucionalidad responsable de lidiar con los incendios forestales, pero también proveer de incentivos a quienes tienen tierras y desean aprovecharlas asegurando la sostenibilidad del recurso, argumento suficiente para conservarlo.
Para aquellos personajes que solo buscan eliminar el bosque con intereses oscuros debe definirse una estrategia efectiva para aplicar la ley de acuerdo a la realidad del país. La Constitución de la República establece como deber del Estado garantizar la salud de las personas y los incendios aquejan contra ésta, así que se impone buscar sentencias como si de envenenar el agua se tratase, o de provocar contaminación con un virus.
Esto hace trascender el delito de la legislación secundaria porque se está afectando el derecho humano a un ambiente sano que se maneja con otros presupuestos del delito. La aplicación de la ley es sumamente necesaria, sentando precedentes, pero también es indispensable simplificar los trámites y procedimientos para que los propietarios y usufructuarios de áreas forestales puedan manejarlas y beneficiarse del aprovechamiento de sus productos, bienes y servicios, lo que redundará en la efectiva conservación de esas áreas. Es necesario reorientar a los servidores públicos del Sector Forestal, su rol más importante, sin perder la calidad de supervisores, es la facilitación de procesos y la empatía con los demás actores, de tal manera que la actividad forestal sea factible y sostenible. Los profesionales forestales deben reinventarse y pasar del tradicional plan de manejo cuyo objetivo principal es el lucro con la madera, a una más ingeniosa propuesta donde el bosque y las áreas forestales sean fuente proveedora de productos, bienes y servicios ecosistémicos, con beneficios para todos, en un contexto de manejo integral de los predios y no solo la parte forestal.
